Este artículo examina lo que falla en los mínimos obligatorios del North Carolina y cómo solucionarlo.
Los legisladores del North Carolina, al igual que los legisladores de muchos estados, están estudiando actualmente la forma de reformar las directrices sobre condenas mínimas obligatorias del estado, abordando al mismo tiempo la actual epidemia de opioides. Como informa el News & Observer, el Grupo de Trabajo de la Asamblea General sobre la reforma de las condenas por delitos relacionados con los opioides está escuchando a varios grupos y personas sobre cómo reformar las directrices de North Carolina sobre condenas mínimas obligatorias. leyes sobre drogas a la luz de las crecientes tasas de encarcelamiento y de consumo de opiáceos. Uno de los principales objetivos del grupo de trabajo es reparar algunos de los daños causados por las sentencias mínimas obligatorias.
Al igual que muchos estados, el North Carolina aprobó una serie de leyes sobre drogas de "mano dura contra la delincuencia" en las décadas de 1980 y 1990, diseñadas para desalentar el consumo de drogas. Una de las principales características de estas leyes eran las directrices sobre penas mínimas basadas en el peso. Básicamente, estas directrices establecían que si un delincuente era sorprendido con una determinada cantidad de droga encima, se enfrentaría a una pena mínima de prisión. Los mínimos variaban tanto por tipo de droga como por peso.
Aunque estas directrices tenían buenas intenciones, presentaban una serie de inconvenientes. Por un lado, basar las sentencias únicamente en el peso no tiene en cuenta el papel del delincuente en el delito. En lugar de centrarse en poderosos traficantes y distribuidores de drogas, la ley tiende a hacer que drogadictos de bajo nivel acaben recibiendo largas penas de prisión por delitos relativamente menores.
Además, estas sentencias mínimas obligatorias en realidad desvían recursos muy necesarios de la lucha contra la drogadicción. Como informa PBS Newshour, la tasa de encarcelamiento en Estados Unidos es unas siete veces superior a la de Canadá y Europa Occidental. Como resultado, en 2016 Estados Unidos gastó más de $265 mil millones en encarcelamiento, dinero que podría haberse invertido mejor en proporcionar tratamiento para la adicción.
Algunos estados, como Luisiana, han decidido suprimir por completo las penas mínimas obligatorias para las leyes sobre drogas. Otros, sin embargo, han optado por un enfoque más moderado denominado excepción de "válvula de seguridad".
La válvula de seguridad permite mantener las directrices sobre penas mínimas, pero también otorga a los tribunales la facultad de apartarse de ellas si las circunstancias lo justifican. Por ejemplo, un juez puede decidir imponer una pena más leve a un traficante de drogas sin antecedentes y que haya mostrado remordimiento por su delito si acepta someterse a tratamiento.
Los cargos por drogas deben ser tomados muy en serio, ya que una condena, como muestra el artículo anterior, podría dar lugar a una larga pena de prisión. Cualquiera que se enfrente a tales cargos necesita hablar con un abogado defensor lo antes posible. Un abogado con experiencia será capaz de ayudar a los clientes con su caso y abogar por sus mejores intereses a lo largo de esta experiencia a menudo confusa y abrumadora.
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